Primer Tribunal Ambiental no da pie a reclamación contra proyecto INCO de Minera Los Pelambres
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El principal punto controvertido de la causa fue el proceso de participación ciudadana, PAC, llevado adelante por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, durante la evaluación del proyecto, porque los reclamantes alegaban que no se les había considerado en atención a que no se efectuó en Caimanes ninguna actividad en el marco de dicha PAC.
Por unanimidad el Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación de vecinos de la localidad de Caimanes por la calificación favorable del Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del proyecto “Infraestructura Complementaria”, INCO, de Minera Los Pelambres.
El principal punto controvertido de la causa fue el proceso de participación ciudadana, PAC, llevado adelante por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, durante la evaluación del proyecto, porque los reclamantes alegaban que no se les había considerado en atención a que no se efectuó en Caimanes ninguna actividad en el marco de dicha PAC. Sin embargo, el tribunal pudo constatar que el organismo evaluador realizó diversas acciones exigidas por la normativa legal en términos de participación ciudadana, las que incluyeron un proceso de participación temprana iniciado el 2014 con la difusión del proyecto y actividades en las comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos que convocaron a personas de las distintas localidades que integran cada comuna, incluyendo a habitantes de Caimanes.
El ministro redactor y presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, explicó que se cumplieron las normas que regulan el proceso de Participación Ciudadana establecidas por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.”El proceso fue llevado a cabo en comunas y localidades que forman parte del área de influencia del proyecto, las cuales fueron determinadas en la línea base de medio humano”, argumentó.
“Este tribunal es de la opinión que se dio íntegro cumplimiento por parte del SEA y el titular (empresa) a la obligación de fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación del proyecto, de conformidad a la ley, así como el deber de establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad”, dijo el ministro presidente.
Entre las actividades estuvo la denominada “Casa Abierta” que consistió en exponer los detalles de la infraestructura complementaria de la minera en diversos lugares. Esta iniciativa, que se efectuó en Salamanca, Illapel y Los Vilos, contempló módulos que las personas podían ir visitando e informarse del proyecto.
Además, se efectuó un puerta a puerta para visitar personas que se localizaban en el trazado de 61 kilómetros de tubería de agua desalinizada que va desde el área industrial del puerto de Minera Los Pelambres hasta el área industrial El Mauro, y cuyo trayecto coincide con los sectores aledaños a la localidad de Caimanes.
“Las comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos, en las cuales se desarrolló la actividad Casa Abierta, fueron escogidas en función de la línea Base de Medio Humano, la cual, a su vez, se estructuró considerando los municipios que se verían afectados como consecuencia de lo siguiente: (a) del emplazamiento de las obras del proyecto; (b) del uso de las vías para las distintas actividades del proyecto; y (c) del alojamiento de trabajadores en localidades cercanas al mismo”, establece el fallo.
Otro de los aspectos que se resaltan es que “al ser la localidad de Caimanes parte integrante de la comuna de Los Vilos, este Tribunal considera que también se dio cumplimiento al criterio formal de horarios y divulgación exigido por el SEA”.
Oviedo también, agregó que “no es posible realizar actividades en cada una de las 30 localidades dependientes de las tres comunas que conforman el área de influencia del proyecto” y enfatizó en que “se evidenció la difusión del proyecto previo a su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, SEIA, en la localidad de Caimanes ya que la empresa realizó instancias previas de acercamiento con la comunidad desde el 2014”.
Voto preventivo.
El fallo en el que participaron los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Juan Opazo y Marcelo Hernández, contó con el voto preventivo de este último, quien manifestó que la Guía Metodológica del SEA, que regula las actividades con la ciudadanía, establece, entre otros, aspectos, que el profesional del organismo debe revisar y analizar la información sobre el área de influencia con especial atención en aquellos lugares donde habitan personas potencialmente afectadas.