La nueva composición del Congreso chileno y lo que significa para las reformas que vienen

El 11 de marzo de 2026, junto con la asunción de José Antonio Kast, comenzó el LVII período legislativo del Congreso Nacional. Los 155 diputados electos y los 23 nuevos senadores que se sumaron a los 27 que continuaban en funciones configuraron un Parlamento que, en términos de balance político, no le da al gobierno lo que necesita para legislar con comodidad: una mayoría propia.

Cómo quedó distribuido el poder

Según los datos del Servicio Electoral de Chile y el análisis de la nueva composición parlamentaria, la Cámara de Diputados quedó dividida en varios bloques. La coalición Unidad por Chile obtuvo 61 escaños. Cambio por Chile, vinculado al gobierno, consiguió 42 diputados. Chile Grande y Unido sumó 34, el Partido de la Gente 14, y tres escaños quedaron en manos de Verdes Regionalistas y Humanistas, más un independiente. En el Senado, la distribución dejó un equilibrio casi perfecto entre oficialismo y oposición, sin mayorías claras para el período 2026-2030.

Un Parlamento que obliga a negociar todo

El presidente de la Cámara, Carlos Alessandri, lo resumió con claridad en su discurso del 11 de marzo: el período legislativo requiere el compromiso de los 155 diputados, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. No fue retórica. Es la descripción exacta de la aritmética parlamentaria que enfrenta el gobierno.

Esto tiene consecuencias prácticas directas. Para aprobar leyes ordinarias se necesita mayoría simple, lo que en teoría es alcanzable con alianzas específicas. Pero para reformas constitucionales se requieren dos tercios, y para leyes orgánicas constitucionales —que incluyen materias como educación, sistema electoral, Fuerzas Armadas y otros temas sensibles— se exige un quórum de cuatro séptimos. En ese escenario, el gobierno no puede prescindir de votos de la oposición.

Las reformas más difíciles en el horizonte

Las tres reformas estructurales que el gobierno comprometió en campaña —pensiones, salud con el reemplazo de las Isapres y la reforma tributaria— son precisamente las que más votos requieren y las que más resistencia generan en la oposición. La reforma previsional, por ejemplo, implica modificar el sistema de AFP, una materia que históricamente divide al Congreso en líneas ideológicas claras. El proyecto de Fondo Nacional de Salud para reemplazar las Isapres tiene oposición tanto desde la izquierda —que prefiere un sistema público más robusto— como desde la derecha —que defiende la libertad de elección del mercado privado—.

La reforma tributaria, centrada en la rebaja del impuesto de primera categoría del nivel actual al 23%, tiene más consenso entre los partidos de centro y derecha, pero enfrenta resistencia de la oposición, que la interpreta como un beneficio para las grandes empresas sin contrapartida social suficiente.

El Partido de la Gente como variable clave

Con 14 diputados, el Partido de la Gente se convierte en el actor bisagra del período. Ni claramente opositor ni alineado con el gobierno, su posición frente a cada proyecto legislativo puede definir si una reforma pasa o no. Eso le da un poder de negociación desproporcionado a su tamaño electoral, algo que sus dirigentes conocen bien y que ya han señalado públicamente como una palanca para obtener concesiones en sus temas prioritarios.

La gobernabilidad legislativa como desafío permanente

El Senado de Chile quedó con comisiones presididas por una mezcla de senadores de gobierno y oposición, lo que ralentiza los tiempos de tramitación de las reformas más sensibles. La Comisión de Constitución, por ejemplo, está presidida por Pedro Araya, independiente de tendencia centroizquierda, lo que significa que cualquier reforma legal de alto impacto deberá pasar por un espacio donde el gobierno no controla los tiempos. El período 2026-2030 será, en ese sentido, un ejercicio permanente de negociación política que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para construir mayorías que no tiene en las urnas.